Buses se convertirán en nueva revisión para inmigrantes ilegales en EE.UU

Importante empresa informó que seguirá permitiendo que los agentes federales suban a sus buses para determinar si hay inmigrantes.

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  • Buses se convertirán en punto de revisión para inmigrantes ilegales
  • La razón es combatir el tráfico de personas
  • Los agentes tienen prohibido abordar autobuses sin el consentimiento de la empresa dueña de los mismos

A pesar de que la compañía de autobuses más grande de Estados Unidos dijo el mes pasado que ya no permitirá a los agentes de inmigración abordar sus vehículos sin orden judicial, una importante empresa del mismo ramo que opera en el noreste del país informó que seguirá permitiendo que los agentes federales suban a sus buses para determinar si hay inmigrantes sin autorización.

La Peter Pan Bus Lines _con sede en Springfield, Massachusetts_ argumentó que con ello ayuda a combatir el tráfico de personas. La empresa “siempre ha cooperado con las fuerzas policiales y seguirá haciéndolo”, dijo su vicepresidente para seguridad”, Christopher Crean.

Algunos competidores han revisado sus normas o están haciéndolo, pero a Peter Pan le preocupa la posibilidad de tráfico de niños en sus buses, dijo Crean.

La empresa es miembro de “Truckers Against Trafficking” (Camioneros contra el Tráfico), un grupo del sector creado para combatir el tráfico humano.

“Sería contradictorio que no les permitiéramos subir sobre todo si pudiera impedir que traficaran a un niño”, dijo Crean. “No creo que enfocaremos este asunto de otra manera, sea la Patrulla Fronteriza u otra fuerza policial”.

La empresa no pudo dar un cálculo de cuántas veces los agentes de inmigración han abordado sus buses en los últimos años.

Crean dijo que “no es frecuente”, dado que las rutas principales de la empresa son entre las grandes ciudades del noreste como Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington.

Greyhound, la compañía de autobuses más grande del país, dijo el mes pasado que ya no permitirá a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar sus buses sin orden judicial.

The Associated Press informó que un memorando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) prohíbe a los agentes abordar autobuses sin el consentimiento de la empresa.

Greyhound y otras empresas habían dicho anteriormente que debían permitir los controles, aunque no les gustaran.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) pide a las empresas de transportes de pasajeros que sólo permitan el acceso de los agentes si presentan una orden judicial.

“El negocio de Peter Pan Bus Lines es el de transportar sus pasajeros con seguridad de un lugar a otro”, dijo la ACLU en una carta a la empresa en 2018. “Su negocio no debería ser el de someter a sus pasajeros a interrogatorios intimidantes, requisas sin sospechas, arrestos sin orden judicial y la amenaza de deportación”.

Hace unos días, el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a aplicar desde este lunes la polémica regla de “carga pública” que afectará a inmigrantes que quieran ingresar a Estados Unidos.

La posibilidad de convertirse en una “carga pública” como beneficiario de ayudas gubernamentales será desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a Estados Unidos o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”.

Después de meses de un intenso pulso judicial y en pleno año de elecciones, la Administración de Donald Trump empezará a aplicar la norma de “carga pública”, que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entrará en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois.

El Supremo había dejado antes sin efecto fallos en contra de esta normativa de cortes de Nueva York, California, Washington y Maryland.

No se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o quienes posean cierto tipo de visado, entre otros.

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio “es inadmisible” en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

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A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia del gobierno de Trump.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó a Efe que esta normativa cambiará “radicalmente” el sistema de inmigración estadounidense “a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes”.

No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que “las personas que no tienen nada que temer” por su implementación “se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos”.

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Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de “carga pública” afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su “green card”.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus, pero -alertó- se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado.

“La regla es casi como una prueba de riqueza”, agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: “las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo” y hablan inglés.

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos.

“El presidente quiere transformar nuestro sistema hacia un sistema de mérito”, sentenció para detallar que el proceso estadounidense está basado principalmente en la familia.

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