Gobierno aplaza audiencias de inmigrantes no detenidos por el coronavirus

• El gobierno de EE. UU. ha postergado las audiencias para inmigrantes no detenidos en todos los tribunales de inmigración
• Esta medida fue tomada debido a la preocupación por la propagación de la pandemia del coronavirus
• Por otro lado, las oficinas para trámites de asilo permanecen abiertas

El gobierno de Estados

Unidos ha postergado las audiencias de inmigrantes no detenidos en todos los tribunales de inmigración después de que jueces, abogados, fiscales, inmigrantes y personal de los juzgados expresasen su preocupación por la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), reseñó la agencia Efe.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de casos de Inmigración (EOIR por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia, anunció la medida que afecta las audiencias programadas que, generalmente, congregan a numerosas personas en las oficinas de los tribunales de migración.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en la noche del domingo, EOIR indicó que se posponen todas las audiencias preliminares de extranjeros no detenidos programadas para entre este lunes y el 10 de abril, y mantendrá sus operaciones habituales en el resto de audiencias, excepto en Seattle, en el estado de Washington.

All non-detained aliens' master calendar hearings scheduled 03/16-04/10 are postponed. Usual operations for filings except Seattle. All other hearings proceeding.

— DOJ EOIR (@DOJ_EOIR) March 16, 2020

De esta forma amplió a todo el país una decisión que inicialmente afectaba a las cortes de Boston, Los Ángeles, Newark (Nueva Jersey), Nueva York, Sacramento y San Francisco.

Los tribunales de migración tienen más de 1,1 millones de casos atrasados, según el centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), y la suspensión de esas audiencias preliminares tendrá un impacto serio en esa acumulación de trámites.

La Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) y la Federación de Empleados de Gobierno (AFGE), habían pedido el domingo «el cierre por emergencia de los tribunales de inmigración ateniéndose a los protocolos de salud pública en relación con COVID-19».

«Nuestro país está en medio de una pandemia global histórica», afirmó una declaración conjunta de esas organizaciones. «La respuesta del Departamento de Justicia es insuficiente y no se sustenta en información científica clara. El Departamento no cumple con sus obligaciones para asegurar un ambiente sano dentro de los tribunales de migración».

Por su parte el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), informó este lunes acerca del cierre de su oficina en Albany, capital del estado de Nueva York, «debido a causas imprevistas».

USCIS indicó que está cerrada su oficina en Fort Benning (Georgia) y refirió a quienes tengan trámites pendientes que contacten la oficina en Montgomery (Alabama).

Igualmente, por cierre de la oficina en Fort Jackson (Carolina del Sur) refirió a los solicitantes a la oficina de Greer en el mismo estado, y por cierre de la oficina en Fort Sill (Oklahoma) recomendó que se contacte la oficina en Oklahoma City.

La agencia indicó que todas las oficinas para trámites de asilo permanecen abiertas, mientras que al menos 18 oficinas internacionales están cerradas permanentemente, incluidas las de Ciudad Juárez, Monterrey y Ciudad de México; Lima, y Puerto Príncipe.

El cierre de oficinas de USCIS tiene un gran impacto sobre los inmigrantes que, a menudo, esperan meses para sus citas en el trámite largo y costoso de obtención de la ciudadanía estadounidense.

Según el American Immigration Council, en la Oficina de USCIS de Seattle, cuyo cierre se había anunciado el viernes pasado, el promedio de espera para la cita de naturalización es de un año y tres meses, en comparación con las oficinas en regiones menos pobladas donde solo lleva unos cuatro meses la obtención de una cita.

Gobierno aclara que regla de «carga pública» no restringe pruebas de COVID-19

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) informó el sábado pasado que la regla de «carga pública» no restringe el acceso al tratamiento o a las pruebas de detección del coronavirus, algo que la comunidad inmigrante había temido hasta el momento.

«El USCIS alienta a todos, incluyendo los extranjeros, con síntomas que se asemejan a la enfermedad del coronavirus (fiebre, tos, dificultad para respirar), a buscar el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios», señaló el departamento en un comunicado.

«La regla de la carga pública no restringe el acceso a pruebas, exámenes o tratamiento de enfermedades transmisibles, incluido el COVID-19», subrayó la agencia.

El presidente Donald Trump ordenó la aplicación de una regla conocida como «carga pública» bajo la cual se le puede negar la obtención de residencia legal permanente en Estados Unidos a inmigrantes que reciban ciertos beneficios gubernamentales.

La norma empezó a funcionar desde febrero después de dos fallos del Tribunal Supremo que dieron marcha atrás a sendas decisiones de cortes de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland que bloqueaban su entrada en vigor en octubre pasado.

Congresistas demócratas y organizaciones denunciaron en los últimos días que las comunidades inmigrantes temían ir a los servicios sanitarios a acceder a las pruebas y servicios médicos par afrontar el coronavirus, por miedo a ser considerados «carga pública».

La semana pasada, la congresista por California Norma Torres en una carta enviada al vicepresidente Mike Pence, a quien el presidente Donald Trump puso al frente de la acción gubernamental contra la epidemia, le advirtió que esa medida el gobierno atemoriza a los migrantes.

«Puede hacer que las personas con síntomas prefieran no buscar pruebas y tratamiento médico», señaló la demócrata. «El Gobierno creó la regla, el Gobierno puede cesarla».

Por su parte, el legislador Adriano Espaillat, representante por Nueva York, señaló que lo que debe hacerse es aumentar el acceso a las pruebas y servicios.

«Si alguien no tiene documentos, o tiene ‘tarjeta verde’ (green card) pero piensa que no tiene derecho a esos servicios, eso empeorará la situación y nos impedirá encarar el asunto del coronavirus de manera efectiva», añadió.

Ese temor a buscar asistencia médica podría aumentar la propagación del COVID-19 en los barrios y comunidades con más población de inmigrantes, alimentando la noción de que ciertos grupos de población son causa de la epidemia.

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