Arizona otorgará licencias de conducir a "soñadores" tras años de litigio

El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, por su sigla en inglés) anunció que a partir de hoy quien posea autorización de empleo emitida por el Departamento de Seguridad Nacional tiene derecho a una licencia estatal para conducir vehículos motorizados, incluyendo a los «soñadores».

Tras luchar en la corte durante años, los denominados «soñadores» de Arizona recuperaron con esta medida su derecho a tramitar sus licencias de conducir, después de que el gobernador estatal, Doug Ducey, desistiese este miércoles de continuar con la batalla legal para denegarlas.

Una lucha que le llevó alrededor de siete años a la activista Carmen Cornejo, promotora de la demanda para que estos jóvenes, acogidos al Programa de Acción Diferida (DACA), tuvieran licencias en el estado.

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«Desde el 2012 iniciamos la demanda y hasta hoy (fue que) el gobierno reconoció que no tiene recursos legales para seguir apelando el litigio. Es una vergüenza que Arizona fue el primer estado en infringir las leyes y el último en aceptarlo», dijo a Efe Cornejo.

La acción se produce al renunciar Ducey a la apelación de la demanda, una decisión relacionada con que, en el 2018, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, David Campbell, dictó que el estado debía expedir licencias a todos los que el gobierno federal ha permitido que permanezcan en este país.

También se produce años después de que la Corte Suprema desestimara el intento de Arizona de impedir que los «soñadores» obtuvieran licencias.

El caso deriva de la demanda original presentada contra el estado luego de que la entonces gobernadora, Jan Brewer, ordenó a ADOT que no emitiera licencias a quienes formaban parte del programa de DACA, promulgado por el gobierno de Barack Obama en 2012.

La republicana emitió una orden ejecutiva en agosto de 2012 por la que bloqueaba las licencias, el mismo día en que entró en vigor el programa DACA, que da permiso de residencia temporal y de trabajo a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.

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Brewer argumentó que el programa obedecía a una decisión administrativa de no deportar a los «soñadores», y sostuvo que los beneficiarios no cumplían con los requisitos de una ley estatal.

Esta ley señala que las licencias están disponibles solo para aquellos cuya presencia en el país es «autorizada por la ley federal».

Un tribunal federal de apelaciones la anuló y dijo que solo el Gobierno puede decidir quién se encuentra legalmente en este país.

Arizona empezó a otorgar licencias de conducir en el 2014 a los jóvenes inmigrantes que llegaron sin documentos al país cuando eran menores de edad, traídos por sus padres.

Carmen Montoya fue una de las primeras en obtener ese derecho a sus 22 años, algo que, aseguró a Efe, le «cambió la vida».

«El 22 de diciembre del 2014 hice mi examen y obtuve mi licencia, y la verdad me cambió la vida, ahora puedo conducir sin miedo a que me paren y me vayan a deportar, no se trata solo de un papel, sino de contar con una licencia que te hace sentir que eres parte de la comunidad», comentó la también directora de la organización Aliento, que apoya a los «soñadores».

Pero la sentencia de apelación que ordenó al estado conceder licencias a los beneficiados con DACA no ayudó a estos otros destinatarios de acciones diferidas, como las víctimas de violencia, ya que no formaron parte de la demanda original. Esto resultó en una nueva demanda en el 2016.

En su fallo el año pasado, el juez federal David Campbell emitió una orden permanente a favor de que algunos beneficiarios de diferentes programas de DACA en Arizona, como las víctimas de violencia domésticas, obtengan licencias de conducción, contrario a lo que había planteado la administración del estado.

Karina Ruiz, ejecutiva del grupo Arizona Dream Act Coalition, que aboga por los «soñadores», dijo a Efe que la decisión dada a conocer ayer por el gobernador de Arizona era algo «esperado», ya que los recursos legales se le habían agotado.

«La justicia ganó, es un permiso otorgado por el Gobierno federal; Ducey siguió con ese litigio, pero se dio cuenta de que ya no podía más», expresó Ruiz.

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«No es algo que aceptó de buena fe. Es triste que nuestro gobernador no quiera hacer lo mejor para la seguridad pública del estado al querer coartar la posibilidad de contar con licencias; gastó dinero desorbitantemente de los contribuyentes en el litigio», agregó la activista.

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Por su parte, Cornejo aseguró que considera una «victoria» el anuncio dado a conocer por el gobernador, ya que pone fin a una demanda iniciada desde el 2012.