Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló el martes una ley federal de inmigración que los opositores advirtieron podría utilizarse para criminalizar una amplia variedad de situaciones relacionadas con los inmigrantes indocumentados.
La ley convertía en un delito grave el ayudar a un inmigrante a entrar o vivir en EE.UU. si se estaba al tanto de que la persona no tenía documentos de inmigración.
La ley es violatoria porque criminaliza una gran cantidad de aspectos amparados por la Primera Enmienda, dijo un panel de tres jueces del 9º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos.
El estatuto, por ejemplo, haría ilegal que una abuela inste a su nieto a ignorar los límites de su visa al alentarlo a permanecer en EE.UU., dijo el juez A. Wallace Tashima.
También podría llevar a un proceso penal un discurso dirigido a una multitud que aliente a todos en el país a permanecer ilegalmente, dijo Tashima.
AP
«Criminalizar expresiones como esta amenaza a casi cualquiera que esté dispuesto a participar en el debate», dijo.
Los abogados del gobierno argumentaron que la ley solo prohíbe conductas y un tipo de expresión que no están protegidas por la Constitución de los Estados Unidos. También dijeron que no se había usado contra «los esfuerzos para persuadir, las expresiones de apoyo moral o la defensa abstracta con respecto a la inmigración».
«La ley precedió a la administración de Trump, pero representaba una mayor amenaza ahora, dada la línea dura de la administración en materia de inmigración», dijo Kari Hong, profesora de leyes de inmigración en la Escuela de Derecho de Boston College.
Hong comentó en una entrevista telefónica con AP el martes que la ley era un peligro para los abogados que asesoran a los inmigrantes sobre cómo obtener residencia legal y los funcionarios públicos que promueven las llamadas políticas de santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
«Lo que hace esta decisión es dejar en claro que los apoyos a los inmigrantes no serán objeto de un proceso penal», dijo Hong.
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La decisión se produjo por el caso de una consultora de inmigración en San José, Evelyn Sineneng-Smith, quien fue declarada culpable de fraude después de que los fiscales aseguraron que les dijo a los inmigrantes que podían obtener la residencia permanente bajo un programa que ella sabía había expirado.
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Sineneng-Smith también fue condenado por dos cargos de alentar o inducir a un inmigrante a permanecer en el país para obtener ganancias financieras. Sineneng-Smith apeló esas condenas por inconstitucionales, y el panel del Noveno Circuito en el fallo del martes las anuló.
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