Mientras el actual gobierno de México dijo que analiza el ofrecimiento de Trump de aportar 20 millones de dólares para combatir la inmigración, el gobierno entrante descartó aceptar cualquier ayuda de ese tipo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que señaló que el Gobierno de México evalúa la propuesta del Gobierno de EE.UU. de destinar recursos a la cooperación para la repatriación de inmigrantes de otros países.

Pero Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el plan de EE.UU. de entregar 20 millones de dólares a México para financiar la deportación de indocumentados no ha estado en la mesa de negociación ni será aceptado.

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“Eso no se ha puesto sobre la mesa de ninguna manera”, agregó Sánchez Cordero, quien aclaró que el plan migratorio de López Obrador consiste en remediar las condiciones de pobreza e inseguridad que expulsan a migrantes de sus países de origen.

“Ya se ha platicado en reuniones de alto nivel para que, conjuntamente, podamos lograr detonar desarrollo en el Triángulo Norte-centroamericano, en el sureste mexicano, que siguen siendo los grandes expulsores”, explicó.

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“Lo que quiere Andrés Manuel es que la gente emigre a EE.UU. por su gusto, no por necesidad, y ahorita están las condiciones de una gran necesidad en el Triángulo Centroamericano para detonar desarrollo”.

Por su parte, la Cancillería mexicana aclaró que el Gobierno de México no ha avalado verbalmente o por escrito la propuesta, aunque evalúa el planteamiento.

The New York Times dio a conocer que el Gobierno de Donald Trump emitió un aviso al Congreso estadounidense para tomar 20 millones de fondos de asistencia al extranjero, y usarlos para ayudar a México a pagar aviones y autobuses para deportar hasta 17 mil migrantes.

Katie Waldman, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo que el programa estaba destinado a ayudar a aliviar los flujos de inmigración en la frontera con México.

Al respecto, la Cancillería indicó que la Administración federal evalúa dicho planteamiento conforme al marco legal aplicable y en función de las prioridades de la política migratoria mexicana.

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