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ACLU intenta frenar construcción de muro fronterizo

ACLU nsta a Justicia estadounidense a decidir legalidad de los fondos destinados a la construcción del muro fronterizo de Trump.
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  • Abogados y miembros de ACLU instaron a la Justicia de Estados Unidos a decidir la legalidad del muro de Trump, ya en construcción.
  • El mandatario estadounidense desvió 6.600 millones de dólares para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.
  • Los abogados demandantes alegan que esta desviación de fondos procedente de las arcas del Pentágono es ilegal.

ACLU intenta frenar construcción de muro fronterizo.

Los abogados que representan a un grupo de varios estados y miembros de ACLU apremiaron hoy a la Justicia a decidir pronto sobre la legalidad de los fondos destinados por el Gobierno de Donald Trump a construir un muro fronterizo con México, un proyecto que ya está en marcha, informó la agencia Efe.

El abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Dror Ladin, pidió a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones que lleva el caso que tome una decisión «tan rápido como pueda» para evitar que, en caso de un fallo favorable a sus intereses, la construcción haya avanzado más e indicó que el gobierno se movía a gran velocidad en lugares que incluyen el Parque Nacional Organ Pipe de Arizona.

En la vista celebrada este martes, el abogado acusó al Gobierno de estar dándose prisa en la construcción del muro para ganar tiempo ante una posible sentencia que dicte que los fondos se están usando para ese fin de forma ilegal y aseguró que, en caso de que así sea, desde ACLU pedirán que se derribe lo que se haya construido hasta el momento.

«Estamos yendo a contrarreloj para prevenir daños irreversibles a la Constitución, el medio ambiente y las comunidades fronterizas por parte de la obsesión xenófoba de Trump con el muro. Si las cortes permiten que el presidente se salga con la suya con este abuso de poder, otros le seguirán sin que se pueda impedir», apuntó Ladin.

“Se extraen enormes cantidades de agua porque construyen el muro con una gran cantidad de cemento y hay excavadoras, y todos los días me envían fotografías muy desgarradoras de la frontera”, dijo Ladin.

La ACLU, que representa a Sierra Club y la Coalición de Comunidades Fronterizas del Suroeste, afirma que Trump flagrantemente ignoró los deseos del Congreso, mientras que los abogados del Departamento de Justicia dijeron que el mandatario ejerció adecuadamente su autoridad para transferir dinero entre departamentos.

El gobierno ha comenzado a trabajar en 206 kilómetros (129 millas) de proyectos financiados por el Pentágono en California, Arizona y Nuevo México desde que la Corte Suprema falló en julio que podía proceder con la construcción mientras se resolvía la impugnación legal.

El pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de 2.500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para la renovación del muro fronterizo con México.

Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.

La declaratoria de emergencia nacional del presidente generó varias demandas, pero el caso que se discutió el martes es el más seguido.

Otro panel de una corte de apelaciones bloqueó las labores en proyectos financiados por el Pentágono en California, Arizona y Nuevo México, pero la Corte Suprema accedió a la petición de emergencia del gobierno para permitir que continuaran.

Es precisamente la desviación de fondos lo que los demandantes alegan que es ilegal, al considerar que el Ejecutivo no puede modificar de esta forma una decisión tomada por el poder legislativo, ya que fue el Congreso el responsable de aprobar el presupuesto federal.

El mandatario dice que planea que para finales del 2020 estén construidos unos 800 kilómetros (500 millas). Para el 1 de noviembre, se había completado el reemplazo de barreras en aproximadamente 125 kilómetros (78 millas), reseñó The Associated Press.

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Foto: Getty.

La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo tumba la prohibición de que el Gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro fronterizo tal y como había impuesto un tribunal inferior, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.

El secretario de Defensa Mark Esper transfirió en septiembre unos 3.600 millones de dólares adicionales que estaban destinados para la construcción militar, para pagar por 280 kilómetros (175 millas) del muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Mientras trata de acelerar el ritmo de la construcción, el gobierno enfrenta un problema potencialmente delicado en Texas debido a que gran parte del terreno es propiedad privada y debe ser adquirido, posiblemente a través de una confiscación.

La construcción en propiedad privada depende de cuándo se llegue a un acuerdo con los terratenientes, dijo Randy Roberts, especialista en bienes raíces para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

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Foto: Getty.

Eso incluye un proyecto de 83 kilómetros (52 millas) en Laredo, Texas, que se estima tendrá un costo de 1.300 millones de dólares, lo que lo convierte en el más grande y caro de la presidencia de Trump.

El gobierno ha tenido poca experiencia en cuanto a trabajar con los propietarios de tierras en esa zona.

Trump heredó un muro que cubre 1.046 kilómetros (654 millas), o alrededor de un tercio, de la frontera. Gran parte fue construido durante el mandato del expresidente George W. Bush.

Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el Noveno Circuito de Apelaciones, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.

Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallase en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta lleve el caso al Supremo para que tome una decisión definitiva.

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