El fallo de la Corte Suprema determinó que Arizona tiene la potestad de implementar una de las cláusulas más controversiales de su ley migratoria SB1070, la 2(B), que permite que la policía cuestione la situación migratoria de alguien legalmente detenido o arrestado bajo “sospecha razonable” de que es indocumentado.

Esto tiene el potencial de oficializar la discriminación y el uso de perfiles raciales de quienes luzcan “diferentes” o “extranjeros”, de darle alas a otros estados para impulsar leyes similares y de afectar la política electoral a meses de las elecciones generales.

Empero, al declarar inconstitucionales las otras tres cláusulas bajo consideración, se confirmó la preeminencia del gobierno federal sobre el estatal en materia migratoria. 

En otras palabras, el fallo mixto determina que ciertamente la ‘Ley Arizona’ abarca demasiado y es mayormente  inconstitucional.

Pero la cláusula 2(B) es preocupante para una comunidad no solo de indocumentados, sino también de residentes legales y ciudadanos, por el temor de ser blanco de la ley por ‘lucir’ o ‘sonar’ como extranjero.

Hay que aclarar que el potencial discriminatorio de la ley no estaba bajo consideración ante el tribunal y es objeto de otras demandas.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC), indicó que “la Corte Suprema ha cometido un grave error al permitir que esta cláusula 2(B) entre en vigor”.

“Seguiremos luchando en las cortes hasta que esta cláusula sea encontrada inconstitucional”, aseguró.

NILC y otras organizaciones interpusieron una demanda que al presente está ante el Tribunal Federal de Distrito en Arizona.

Con todo, siempre existe el potencial de que otros estados traten de impulsar leyes similares a la SB1070 tratando de mantenerla dentro de parámetros.

Utah, Georgia, Alabama, Carolina del Sur e  Indiana aprobaron leyes similares a la SB1070 de Arizona.

“Casi cada uno de los cinco estados va a ser afectado de alguna forma por este fallo”, indicó Hincapié.

El caso más complicado, añadió, quizá sea Alabama por la amplitud de temas que abarca la ley HB56.

Aunque el fallo se circunscribía a la preeminencia del gobierno federal sobre el estatal en materia migratoria, el telón de fondo es el temor a la discriminación que resulta de la aplicación de la Sección 2(B).

El fallo del Supremo se produce una semana después de que el presidente Obama anunció un alivió temporal de la deportación a miles de jóvenes indocumentados.

Y el tema migratorio se perfila como uno clave en la lucha por el voto latino en los comicios de noviembre.

En fin, que el fallo demuestra una vez más la urgente necesidad de una reforma migratoria integral uniforme que de una vez y por todas frene la propagación de confusas y potencialmente discriminatorias leyes estatales.