Numerosos grupos y activistas del país condenaron el lunes el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona y aseguraron que podría promover la discriminación y el abuso contra hispanos.

La Corte anunció por la mañana que no bloqueó la disposición más polémica de la ley migratoria SB1070 que obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra sin autorización legal en el país.

Las reacciones no se hicieron esperar.

"Hay esperanzas de que la ley no sea implementada, pero todavía tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado para que el departamento de policía, o el shérif, no la imponga ahora", dijo Petra Falcón, directora de la organización Promise Arizona, con sede en Phoenix.

"Ha habido personas abusadas por su piel, por su forma de hablar, de vestirse, que han sido paradas por las autoridades. Tenemos que asegurar que esos abusos se reporten, se tomen en cuenta, para poder parar definitivamente esta legislación", añadió Falcón.

La activista dijo que ella y muchos activistas en Phoenix madrugaron para reunirse y poder escuchar el veredicto juntos. Tras una conferencia de prensa, se disponían por la tarde a participar en un foro comunitario con el jefe de policía de la ciudad e informar a la comunidad hispana sobre el significado de la decisión.

La cláusula 2B, conocida como la provisión de "muéstreme sus papeles", legitima ordenanzas estatales que promueven la categorización racial y arrestos injustificados, además de propagar el miedo entre los hispanos del país, opinaron expertos y líderes hispanos.

"Es cuestionable, incluso pensamos que es un error que la Corte Suprema haya dejado abierta la posibilidad a que se de la discriminación racial y la persecución", indicó Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia.

La activista señaló que su organización está a la espera del impacto que tendrá el fallo en la aplicación de leyes locales en Georgia y programas de deportación por parte de las policías locales. "Sabemos que esta decisión no les da luz verde (a los departamentos de policía) para poder detener a alguien si no hay causa probable. Pero sabemos que en Georgia hasta ahora la causa probable es ser inmigrante", señaló.

Nicholls agregó que la legislatura estatal podría empezar a hacer enmiendas a la ley local HB87 que se aprobó el año pasado en Georgia para combatir la inmigración no autorizada.

La Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO, por sus siglas en inglés) aplaudió la decisión de la Corte Suprema de anular otras cláusulas de la ley SB1070, pero criticó la disposición de "muéstreme sus papeles".

"Creemos que la provisión de la ley de Arizona que queda en pie será anulada en un futuro cercano debido al impacto discriminatorio contra nuestras comunidades. Este tipo de leyes lastiman a las comunidades locales y minan la seguridad pública", indicó en un comunicado la organización.

Activistas de todo el país llevan meses diciendo que temen que legislaciones similares se aprueben en estados como Misisipí, Oklahoma, Misurí, Tenesí o Wisconsin, entre otros.