El aumento de solicitantes de apoyo alimenticio ha traído consigo barreras y dificultades.

Para María Tobar, un acontecimiento familiar sacudió la estabilidad de su familia y la llevó a buscar ayuda para que sus tres hijas pudieran comer.

“El papá de mis hijas está en México, él está deportado. Después de que él se fue, empecé a recibir la ayuda”, dijo la mexicana.

Tobar, al igual que otros latinos, solicitó asistencia del Programa de Ayuda Suplemetaria de Nutrición (SNAP), antes conocido como estampillas de alimento o food stamps.

Organizaciones y comercios consultados por MundoHispánico han atestiguado un incremento en el número de hispanos que se benefician con esta ayuda o que la solicitan.

En el Supermercado Brito de Norcross, por ejemplo, la cajera Ana Perez ha notado esa situación entre su clientela.

“La mayoría pagan con estampillas, un 70 por ciento de los clientes, diría yo”, dijo la empleada nicaragüense.

La Asociación Latinoamericana (LAA) auxilia a muchas personas en el llenado de solicitudes de food stamps. De acuerdo con la LAA, en los últimos dos años aumentó el número de clientes que requieren de este servicio.

Pero el incremento también es significativo en el resto de la población del estado, de acuerdo con Ravae Graham, portavoz del Departamento de Servicios a Niños y Familias (DFCS).

Las cifras de DFCS -la agencia encargada de administrar y otorgar los fondos de SNAP- indican que Georgia tiene 1.9 millones de beneficiarios, lo que representa cerca del 20 por ciento de sus residentes.

Los beneficiarios son ciudadanos o residentes permanentes que viven bajo los niveles de pobreza, de acuerdo a una guía que utiliza el gobierno federal.

Ellos reciben una cantidad de dinero que se deposita mensualmente en una cuenta y que ellos gastan utilizando una tarjeta electrónica.

Sin embargo, estas personas en ocasiones confrontan trabas, ya sean burocráticas o de comunicación.

Problemas

Cynthia Román, directora de servicios a familias en la LAA, ha visto los problemas que enfrentan algunos de sus clientes al momento de lidiar con DFCS.

“Lo que estamos viendo es que se caen los casos, muchas veces porque (a los solicitantes) no les llegan las cartas para renovar o porque entregan los documentos pero no les llegan a los manejadores de casos. Hemos visto un problema de comunicación entre las partes”, dijo la trabajadora social.

Tobar, por ejemplo, dijo que tuvo problemas para renovar el beneficio y en una ocasión incluso se lo suspendieron.

“Yo estoy al pendiente, tratando de que no me las vayan a quitar (las ‘estampillas’) otra vez porque es más difícil empezar de nuevo”, dijo la mexicana.

Román y Tobar coincidieron en que volver a activar el beneficio puede tardar hasta un mes.

Además, de acuerdo con la trabajadora social, el aumento de solicitantes latinos trae retos a DFCS porque carece de un número suficiente de empleados que hablen español.

Pero Graham aseguró que la agencia a la que representa atiende bien a los solicitantes hispanos y rechazó que el idioma represente una barrera para ellos.