Acusan a Vidalia de ser ‘santuario’ de indocumentados.

Una denuncia sin fundamentos en contra de la localidad de Vidalia, en el sureste de Georgia, fue suficiente para que la Junta Migratoria Estatal (IERB) abriera una investigación preliminar.

La comisión busca evidencia que confirme la acusación de que esta pequeña ciudad es un santuario para inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, MundoHispánico descubrió que Michael Dale Smith, el hombre que presentó la denuncia, ha inculpado antes a otros negocios y funcionarios públicos de no obedecer ni aplicar las leyes migratorias de este país.

Las cartas

Desde el 2010, varios negocios del condado de Toombs–donde se encuentra Vidalia–han sido blanco de las cartas de Smith, quien les “aconseja” a sus destinatarios que se eviten mayores problemas.

Únicamente la ciudad de Vidalia respondió a las llamadas de MundoHispánico para hablar de estas cartas, ya que al menos una de ellas estaba dirigida a Ronnie Dixon, alcalde de la localidad. “Vemos esta carta como una amenaza, como un intento de chantaje”, dijo David Torrance, administrador de la ciudad de Vidalia. “Sin embargo, ya enviamos esta carta al fiscal de distrito para ver de qué manera podemos proceder”.

En su carta a la ciudad cebollera, Smith le ordena al alcalde exigirle a un negocio local que despida a sus trabajadores porque son indocumentados y que llene esas plazas con estadounidenses.

“Alcalde, si usted no actúa, yo tomaré $5,000 de su bolsillo”, dice la carta.

En ella, Smith indica que hará uso de la IERB para desenmascar a quienes protegen a los indocumentados y acusa a la ‘ciudad de las cebollas dulces’ de ser albergue de indocumentados al permitirles vivir, viajar, transportarse y trabajar dentro de su demarcación.

“A usted se le va a responsabilizar por la inmigración ilegal y su efecto negativo en los estadounidenses de su ciudad”, dice la misiva dirigida al alcalde de Vidalia. “Nuestra disputa es para darle trabajo a estadounidenses y no a los extranjeros”.

Sin embargo, la HB87 no faculta a los gobiernos del estado a ir tras empleadores que presuntamente contratan a inmigrantes indocumentados.

“Pienso que si hubiera esa facultad, habría ciudadanos y residentes con documentos que se convertirían en blancos de discriminación”, opinó al respecto Torrance.

La primera queja

Esta será la primera queja que la IERB investigará desde que se nombró a sus miembros en septiembre pasado.

El comité surgió como parte de la cláusula 20 de la ley antiinmigrante HB87, que le da poder a los ciudadanos de quejarse de funcionarios y gobiernos que, a su juicio, no cumplen con las leyes migratorias del estado. Las autoridades a las que se les encuentre culpable enfrentan multas, la suspensión de fondos estatales y hasta la remoción del cargo.

La acusación de Smith se planteó justo el día en que la IERB se reunía para trazar los lineamientos que la ciudadanía deberá seguir para presentar quejas.

Al final no hubo tales directrices, pero se creó un panel con tres miembros para realizar una investigación preliminar en torno a la denuncia en contra de Vidalia, a pesar de que hubo miembros del organismo que manifestaron sus reservas.